Por indicación del Presidente del Gobierno, y aunque con un retraso
que espero sepa disculpar, contesto al correo electrónico que le ha
dirigido, en relación con las políticas de la inmigración en España, en
iguales términos que lo hago a otros ciudadanos que le han escrito sobre
este asunto.

Desde el reconocimiento positivo de la diversidad de orígenes y
culturas de los inmigrantes, el Gobierno tiene como objetivo su integración
social y, en aplicación de las normas de Extranjería, trabaja en una línea
de orden y legalidad que ha permitido, a 30 de diciembre de 2005, que del
total de 691.655 solicitudes, en el proceso de normalización de
trabajadores extranjeros, hayan sido inadmitidas el 16,73% y resueltas con
autorizaciones positivas el 83,27%, asegurando a 573.270 inmigrantes sus
derechos y obligaciones.

El Gobierno, fruto del esfuerzo por dar prioridad a la inmigración
legal, por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, aprobó el Reglamento
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, en vigor desde el 7 de
febrero de 2005, que es coherente con el actual marco normativo
internacional en materia de derechos humanos.

La existencia de cientos de miles de inmigrantes en situación
irregular llevó al Gobierno a establecer, como medida excepcional y previa
a la aplicación del régimen ordinario del Reglamento, un proceso de
normalización, al que he hecho referencia más arriba, para que puedan
contratarse legalmente los trabajadores extranjeros que ya se encuentran en
nuestro país.

Por otra parte, el Gobierno español ha impulsado medidas de control
de la inmigración ilegal, que han permitido una mayor eficacia en la lucha
contra la entrada ilegal en España. El desarrollo del Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior, con reforzamiento de los medios materiales y de
recursos humanos dedicados a estas tareas, así como el relanzamiento de la
cooperación hispano-marroquí ha motivado que el número de inmigrantes
interceptados en las costas españolas, cuando intentaban llegar a nuestro
país mediante embarcaciones, haya descendido un 25 por ciento en el año
2005 con respecto al año anterior.

Finalmente quiero informarle que el Consejo de Ministros ha aprobado,
en su reunión del 13 de enero de 2006, un Real Decreto. Con este Decreto,
por el que se regula la composición, competencias y régimen de
funcionamiento del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el
Gobierno persigue impulsar las políticas de integración de los inmigrantes,
en consonancia con una política de inmigración basada en el consenso entre
los agentes sociales. Dicho Foro es un órgano de consulta, información y
asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes, constituido de
forma equilibrada y tripartita por representantes de las Administraciones
Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de las organizaciones
sociales de apoyo.

Puedo asegurarle que el Gobierno actúa siempre conforme a la
legalidad y de acuerdo con el respeto a los derechos humanos con ocasión
tanto del asilo como de las expulsiones de extranjeros